Lares atiende a personas mayores, dependientes, con discapacidad
y en riesgo de exclusión bajo el prisma de la gestión solidaria.

La subida de las pensiones con IPC en 2018 fue equivalente al dinero necesario para atender al 100% de las personas dependientes.

Hay una brecha entre lo que se invierte en dependencia y las necesidades de las personas

Tras la celebración del Patronato de la Fundación Lares y la presentación de datos de los Mapas Lares 2018, proyecto financiado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en el marco del tramo estatal del 0,7%, Juan Ignacio Vela, Presidente Nacional de Lares, ha destacado cinco problemas del sistema de dependencia:

a) Trabajadores mal pagados, con salarios que deberían subir un 15%.

b) Millares de personas sin atender. 255.240 personas con derecho reconocido y otras 103.165 que han pedido la valoración y son dependientes.

c) Copagos abusivos. Hay 127.969 personas que realizan un copago muy superior al resto bajo el camuflaje de los llamados “cheque servicio”. Por otro lado, las personas con servicios de atención domiciliaria de rentas más bajas tienen problemas para abonar el copago convenido.

d) Financiación pública insuficiente. El gasto público neto en dependencia en 2018 (excluidos copagos), ha sido de 7.400.388.256 €, con una posible oscilación dada la necesidad de realizar estimaciones.

e) Necesidades de atención no satisfechas. Se necesitan más horas de ayuda y servicios de atención domiciliaria y más apoyo para el cuidador informal. Los centros residenciales necesitan mejores ratios de personal y la teleasistencia debe ser avanzada.

La solución a estos problemas es cuantificable: “hay a un déficit inmediato de financiación pública de 4.411.040.716 €, de los cuales 2.540.016.235 € serían específicos para la atención de personas que deben ser atendidas y actualmente están olvidadas”, ha dicho Juan Vela.

- Para pagar a los trabajadores dignamente, es necesaria una inversión de la Administración Pública adicional de 588 millones €.

- Si pensamos en financiar correctamente las plazas residenciales, la cuantía es de 382 millones €.

- Las Administraciones deben aportar otros 882 millones € para acabar con el copago de quienes reciben “cheques servicios”. - Atender en domicilio a las personas en los términos que preveía el Libro Blanco de la Dependencia, supondría 2.384 millones €

- Para equiparar las ratios de atención directa de los centros concertados con los centros de gestión directa, también se necesitaría una alta suma de dinero.

Coste de las pensiones y la dependencia

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (vid. Resumen en Expansión, 30 de mayo de 2019) argumenta que, la revalorización de las pensiones en 2018 ha supuesto un gasto de 2.363 millones €. Esta cantidad, ha dicho Juan Vela, “equivale al déficit de financiación para atender lo que para Lares es el verdadero limbo de la dependencia: 358.405 personas, a 31 de noviembre de 2018”.

El mismo informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada señala que la medida de ajustar a IPC las pensiones un solo año supondrá a la Seguridad Social 30.000 millones €. Lares afirma que “en una perspectiva de largo plazo esta, cantidad da solución a todas las necesidades del sistema de dependencia”.

El gasto público neto en dependencia en 2018 (excluidos copagos), ha sido de 7.400.388.256 € aprox. Sin embargo, con 4.393.540.716 millones € más se podría atender a todo el mundo que lo necesita, pagar salarios justos, eliminar el copago adicional de quienes tienen “cheques servicio” y recuperar la financiación de las plazas públicas a los niveles de antes de la crisis. Para Lares el gasto público en dependencia debe elevarse hasta los 11.793.928.972 € para que esto sea posible.

Si miramos al horizonte del año 2030, en España habrá 2.144.352 personas dependientes, 685.421 personas más de las hay en estos momentos en España y 1.100.114 personas más de las que a 1 de diciembre de 2018 estaban siendo atendidas.

Poner el foco solo en las pensiones supone abandonar “a su suerte” la dependencia

El impacto que tiene el sistema de pensiones para el gasto público es tan grande que supondrá un problema de cohesión social toda medida que se adopte sin prever una solución al déficit de financiación de la dependencia.

En 2006, con la aprobación de la ley de dependencia, se rechazó que el sistema de dependencia formara parte de la Seguridad Social. En 2018 afirmamos que si pensamos en la Seguridad Social olvidándonos de los servicios sociales, reventaremos nuestro modelo social.

Es necesaria una política redistributiva entre sistemas públicos que priorice la atención de quienes más lo necesitan

Hemos conseguido el mejor sistema sanitario del mundo y uno de los mejores sistemas de pensiones, pero a costa de tener uno de los peores sistemas de servicios sociales de Europa. La dependencia no escapa a este desequilibrio. A juicio de Juan Vela, “las caries del sistema de pensiones y sanidad son equivalente al tamaño del sistema de servicios sociales, y no nos damos cuentas de que esas caries destrozarán nuestros dientes”.

Los intereses profesionales o sectoriales no deben defender la revisión de pensiones con IPC y gasto sanitario suficiente, olvidando el sistema de dependencia. Debe buscarse la equidad en las prestaciones entre los distintos sistemas. Es justo y necesario redefinir un buen modelo de atención a la cronicidad y también lo es garantizar mejores pensiones a quien tiene menos renta y patrimonio, pero no es menos justo permitir que la persona dependiente sea correctamente apoyada y atendida buscando su mayor autonomía posible y preferencia.

A juicio de Lares, una mejor retribución de los trabajadores también permitirá un mayor ingreso de Seguridad Social, la cual necesitará 11.2 millones de trabajadores adicionales para financiar este sistema de pensiones en el futuro.


Contacto Raquel Antón Andreu / Departamento de Comunicación
comunicacion@lares.org.es
Teléfono: 914422225

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